AJUSTES EN PROCURADURÍA PANAMEÑA, POR ERRORES

* El procurador Eduardo Ulloa, ordena ajustes en la dependencia, ante falta de productividad, rezago de expedientes y otras irregularidades de fiscales y Ministerios Públicos.

PANAMÁ.- El procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa Miranda, lanzó la amenaza desde hace tres meses, cuando dijo que haría rotaciones de fiscales superiores, fiscales de circuito y de secretarías del Ministerio Público, las cuales se hicieron efectivas el pasado lunes 1 de junio, tras reconocer que sus funcionarios han cometido errores en la impartición de justicia y la existencia de un desorden en la dependencia que tomó bajo su mando a inicio de este año.

Un sinnúmero de denuncias ciudadanas, falta de productividad, rezago de expedientes, entre otras irregularidades, destaparon la cloaca y pésimas condiciones en que opera la Procuraduría, motivos suficientes para que el primer abogado de la nación ordenara dichos ajustes, lo que marca el comienzo de una depuración de malos servidores públicos.

Entre los cambios se destaca el del fiscal adjunto Ricauter Gonzáles, quien fue transferido a la Fiscalía de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, un desafío demasiado complicado para él, luego del desastroso desempeño en su anterior cargo, donde fue señalado por algunas víctimas por actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.

Ricauter Gonzáles, forma parte de una red corrupta, que en complicidad con otros funcionarios como la ex procuradora Kenia Isolda Porcell y la ex fiscal Sonia Armengol Quesada, han orquestado un plan perverso para despojar de su patrimonio de manera ilegítima a un empresario mexicano que, cumpliendo con todos los protocolos legales, llegó a invertir y crear empleos en Panamá.

A cargo de una supuesta investigación contra el inversionista, estos funcionarios actuaron de manera arbitraria, avalaron el atropello y se encargaron de falsificar pruebas para inculparlo en presuntos delitos, para poder despojarlo ilegalmente de su patrimonio, además de dañar su reputación, lo que ha generado desconfianza en que se pueda hacer justicia. Se trata de un procedimiento tendencioso y poco serio, un crimen en progreso, porque cada día que pasa no sólo se perjudica al empresario y a su familia, sino a decenas de empleados que dependen de sus empresas.

Tras darse a conocer la noticia, que ha cimbrado el aparato de justicia panameño, muchos ciudadanos que mantienen expedientes en la Procuraduría, han mostrado su temor sobre la posibilidad que se puedan dar pérdida de pruebas, extinción de tiempos en los procesos y casos caídos, entre otras artimañas propias de los Ministerios Públicos para torcer la ley, como el caso de abuso cometido contra el señalado empresario mexicano, a quien le han sido incautado bienes y cuentas bancarias, sin que hasta la fecha se le haya podido imputar cargos.

Y es que, en los últimos casos de alto perfil, ante la falta de recursos o de preparación, los fiscales no han incorporado a las investigaciones todos los elementos que exige el juez para autorizar diligencias o validar una aprehensión. Por eso, el primer abogado de la nación, ha admitido que los malos hábitos de la justicia panameña son parte de un sistema viciado en la Procuraduría.

Como el principal funcionario encargado de combatir la delincuencia y de liderar la lucha contra la corrupción en el país, el propio Ulloa Miranda lo ha admitido, el sistema de justicia no está funcionando, porque está diseñado para la selectividad y los privilegios, del cual han dado cuenta los jueces y ministerios públicos que han abusado de sus cargos y han deshonrado a la institución a la que le juraron integridad y lealtad. El procurador tiene la buena voluntad para iniciar una depuración, y ya dio el segundo aviso, tiene la guillotina afilada, por lo que no extrañe que en el futuro rueden varias cabezas. Al tiempo.

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