Kenia Porcell, ex procuradora de Justicia de Panamá y los fiscales Candanedo Ricaurte podrían enfrentar acciones legales por abusos y extorsión

* Podrían enfrentar acciones legales los fiscales José Antonio Candanedo Chial y Ricaurte González, así como de la ex procuradora Kenia Porcell, por presuntos casos de abusos y extorsión, atentando contra empresarios extranjeros que le apostaron invertir en su país.

Panamá, 21 de enero.- Una pesadilla se avecina para los fiscales del Ministerio Público, José Antonio Candanedo Chial y Ricaurte González, señalados por presunta corrupción, tras valerse de información falsa y sin ningún sustento para acusar de supuestos ilícitos a empresarios que llegan a invertir sus capitales en negocio de software en la ciudad de Panamá, advirtió el abogado de las víctimas, Sergio Morales Puello, quien representa a la firma «Morales, Donado y Asociado».

En este sentido, manifestó que dos empresarios mexicanos son investigados por autoridades panameñas, presuntamente por utilizar uno de ellos, pasaporte falso para gestionar documentos y echar a andar su negocio de software en territorio panameño, sin embargo aunque tenían casi tres años viviendo en Panamá, se les impidió ingresar al país.

Detrás de estos abusos se encuentra el Consejo de Seguridad Nacional y el fiscal José Antonio Candanedo Chial, de la Fiscalía de Asuntos Internacionales, así como el fiscal Ricaurte González, por lo que ambos podrían enfrentar acciones legales, sentenció el abogado.

El jurista expresó que los funcionarios del Ministerio Público actúan de manera tendenciosa y poco seria, al presentar a sus clientes como si fueran traficantes y delincuentes, cuando certificaciones emitidas por la Interpol Panamá y de Francia, así como la Procuraduría General de México, sustentan que los dos empresarios no contaban con antecedentes delictivos, ni órdenes de búsqueda; ni tampoco registro de sentencias condenatorias, de carácter penal en el ámbito federal.

Morales Puello sostuvo que hasta el momento el Ministerio Público no ha podido acreditar nada de lo que acusan sus fiscales y en cambio le mantienen secuestrado cerca de 12 millones de dólares, que incluyen propiedades y dinero en efectivo.

Estas acciones ilegales redundan en un perjuicio de la economía panameña y también en aquellas empresas y personas que se dedican al negocio de la confección y ventas de software a nivel internacional.

Así mismo, el abogado instó a los dueños de Amazon, EBay o Alibaba, que no vengan a Panamá a invertir, porque sería nefasto caer en las garras de fiscales que desconocen y que son totalmente ignorantes de cómo se maneja el negocio de software hoy en día en el mercado internacional.

Sostuvo que sus clientes vivían en España, donde pasaron todo un escrutinio no solo para residir, sino para montar sus empresas desde hace 14 años, tiempo en el cual se han dedicado al negocio de software para darle soporte técnico a empresas a nivel internacional. Junto con otras compañías han ofrecido sus servicios a países de Europa y Asia, y su interés de invertir en Panamá era establecer aquí su base de operaciones para Latinoamérica, pero tras el atropello que han sido objeto, han optado por quedarse en México, ya que ven vulnerada la seguridad jurídica.

Reprueban actos decorrupción de ex procuradora

El abuso de autoridad en que incurrieron funcionarios de la Procuraduría panameña, contra un empresario mexicano, retenido ilegalmente en el Aeropuerto de Tocumen, ha generado una tormenta mediática y de duras críticas hacia las autoridades de este país encargadas de impartir justicia, lo que varios sectores de la sociedad han calificado como una vergüenza para el Gobierno de Panamá, que debería buscar gente más calificada para ocupar estos cargos, ya que nadie debería pasar por este tipo de situaciones donde se violentan los derechos humanos.

Luego del trato brutal del cual fue víctima un empresario mexicano en fecha reciente, por presuntos funcionarios de Migración y del Consejo de Seguridad, que obedecían órdenes de la ex procuradora de Justicia de Panamá, Kenia Isolda Porcell y el Fiscal Superior Marcos Mosquera de la Guardia, representantes del sector empresarial coinciden en señalar que es repudiable que extranjeros que cumplen con la ley, cuentan con su documentación legal y que aportan al país de manera positiva, sean víctimas de trato inhumano y del mal manejo y abuso de la ley por parte de las mismas autoridades.

La condena sobre este hecho ha sido unánime en todo el país y más allá de sus fronteras; mucha gente se ha solidarizado con las víctimas a través de los medios de comunicación y redes sociales, en los que afirman Panamá debe mejorar su sistema judicial, así como tener personal más capacitado en estas dependencias que violan los derechos básicos en un procedimiento irregular.

Añaden que en este país, las personas que se ganan la vida de manera honesta y digna, son siempre las que sufren las consecuencias de la injusticia, sin valorar que vienen al país a invertir y mejorar la economia, por eso el Estado debe tomar medidas efectivas para impedir que se practiquen torturas o penas crueles, inhumanas y degradantes como las orquestadas por ex empleados de la Procuraduria de Justicia panameña.

Tras darse a conocer la demanda interpuesta por el ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien junto con su equipo legal, denunciaron públicamente una conspiración criminal por parte de Kenia Porcell y Marcos Mosquera, que se extralimitaron en sus funciones, los sectores empresarial y turístico principalmente, hacen un llamado a todos los panameños a que alcen la voz para que este tipo de abusos se terminen, los responsables sean sancionados, encarcelados y sirva de escarmiento a otros funcionarios.

De igual forma afirman que nadie querrá venir a Panamá a invertir si les siguen dando este tipo de tratos a los empresarios, a quienes por el contrario, se les merece respeto y derecho a defenderse, no tratarlos como a delincuentes. De este modo exhortan a las autoridades de Derechos Humanos a que actúen y hagan su trabajo, ya que en este y otros casos, se han violado todos los procedimientos, por lo que el jefe de Migración, Javier Carrillo Silvestri, tiene que dar la cara.

Miles de personas utilizan a diario el Aeropuerto Internacional de Tocumen, lo que ocasiona que el Servicio Nacional de Migración se vea rebasado ante la fuerte demanda de pasajeros que han cuestionado en los últimos días el irregular control migratorio en esta terminal aérea, donde se violan sus derechos y son presa fácil de abusos por parte del personal operativo.

(Foto Panamá América)

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