Cancún.- Demoras en notificaciones y otras actuaciones procesales del Juzgado Primero Familiar Oral de Cancún están generando inconformidad entre abogados que mantienen asuntos en este órgano jurisdiccional, quienes además solicitaron revisar la actuación de personal involucrado en la gestión de los expedientes.
Litigantes consultados señalaron que los tiempos de atención estarían retrasando procedimientos en materia familiar, entre ellos asuntos relacionados con pensiones alimenticias, guarda y custodia, convivencia y violencia familiar.
De acuerdo con los abogados, una notificación que no se realiza oportunamente puede detener el avance de otras etapas de un procedimiento y prolongar la espera de quienes acuden al juzgado en busca de una determinación.
Entre los señalados está Lizbeth Angélica Sosa Kantún, identificada por los denunciantes como gestora judicial, a quien atribuyen parte de las demoras relacionadas con notificaciones y actuaciones procesales.
Los litigantes sostienen que la funcionaria concentra una elevada cantidad de notificaciones, situación que, según su versión, estaría repercutiendo en los tiempos de tramitación.
Sin embargo, las inconformidades planteadas por los abogados no se limitan a los retrasos. Entre la información proporcionada también figuran señalamientos sobre un posible conflicto de interés relacionado con Sosa Kantún, debido a que una persona con quien mantendría un vínculo sentimental estaría involucrada en asuntos judiciales, según los denunciantes.
Los abogados afirman que al menos uno de esos procedimientos incluye señalamientos relacionados con posibles hechos de violencia contra menores de edad.
Los litigantes también hicieron referencia al expediente 1928/2022, que aseguran corresponde a un asunto personal de la gestora judicial y que habría registrado actividad procesal durante este año.
La existencia de este procedimiento forma parte de los elementos que los abogados solicitan revisar para determinar si las circunstancias en las que se tramita son compatibles con las funciones desempeñadas por la servidora pública.
También señalaron que Sosa Kantún habría sido trasladada anteriormente entre distintos órganos jurisdiccionales (Juzgado Civil Oral y Juzgado Mercantil), aunque en la información proporcionada no se precisan las fechas, ni las razones administrativas de esos movimientos.
Dentro de los cuestionamientos formulados por los litigantes también aparece Maritza Titania Pantoja Arredondo, señalada como titular de la Unidad de Gestión Administrativa de la Zona Norte y superior jerárquica de la gestora.
Según los denunciantes, Pantoja Arredondo tendría conocimiento de las situaciones planteadas respecto de Sosa Kantún. Los abogados también sostienen que existiría una relación de amistad entre ambas.
Por otra parte, los litigantes cuestionaron la actuación de Marcela del Pilar Campos Chale, identificada como jueza de Instrucción, al considerar que parte de las dificultades que enfrentan para obtener actuaciones oportunas también se presenta en procedimientos bajo la operación del juzgado.
Los abogados solicitaron que se revise si las demoras obedecen a la carga de trabajo existente en este órgano jurisdiccional o si intervienen otros factores administrativos en los tiempos que actualmente requieren las notificaciones y demás actuaciones.
También pidieron revisar los posibles conflictos de interés expuestos y las circunstancias relacionadas con los expedientes señalados.
Los denunciantes indicaron que su principal preocupación se encuentra en los efectos que los tiempos de tramitación pueden tener sobre usuarios cuyos procedimientos dependen de actuaciones judiciales posteriores. (AGENCIA SIM)
