AGENCIA SIM / Playa del Carmen.- El aumento al Derecho de No Residente (DNR) podría afectar no solamente a hoteles y turistas, sino también al empleo, la inversión y miles de pequeños negocios vinculados con la actividad turística, advirtieron representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Riviera Maya y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del Caribe.
Carlos Marín Morales, presidente de Coparmex Riviera Maya, informó que los centros empresariales de Quintana Roo y asociaciones de la región enviaron una carta al Congreso para solicitar que se reconsidere el incremento.
El dirigente estimó que durante el verano la actividad turística disminuyó entre 15 y 20 por ciento.
“No es una buena señal mandar este tipo de incrementos a las agencias, al turismo internacional y a las aerolíneas, porque esto trae aumentos en los paquetes”, señaló.
Alejandro Arvizu, presidente del CCE del Caribe, indicó que las microempresas representan el 92.9 por ciento de las empresas turísticas y concentran el 48 por ciento del personal ocupado dentro del universo censal.
Entre estos negocios se encuentran restaurantes, transportistas, comercios, operadores turísticos, prestadores de servicios y proveedores locales.
“Cuando una empresa reduce su actividad, el efecto llega directamente al ingreso de los trabajadores y las familias”, afirmó Arvizu, quien advirtió que una recuperación débil limitaría nuevas contrataciones e inversiones.
Ambos dirigentes cuestionaron el destino de la recaudación y plantearon que una parte sustancial se utilice para promoción internacional, atención de crisis reputacionales y fortalecimiento de la imagen de México.
El CCE del Caribe propuso instalar una mesa de trabajo con autoridades hacendarias, turísticas y legislativas para evaluar el impacto del incremento y definir un mecanismo transparente y medible para utilizar los recursos.
Como se recordará, fue hace tres días que la Cámara de Diputados aprobó una modificación para que el aumento al DNR fuera del 17 y no del 35 por ciento, como se tenía contemplado en el proyecto de modificación de la Ley Federal de Derechos.
El proyecto aprobado propone destinar 57 por ciento de la recaudación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), 15 por ciento al Instituto Nacional de Migración (INM) y el 28 por ciento restante a la Tesorería de la Federación.
El ajuste fue incorporado al dictamen que la Cámara de Diputados finalmente aprobó y que deberá continuar su trámite en el Senado.
